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Vía telefónica, por correo electrónico, presencial, a través de Internet o App, la ciudadanía puede denunciar: Contralor CDMX

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Vía telefónica, por correo electrónico, presencial, a través de Internet o App, la ciudadanía puede denunciar: Contralor CDMX
  • Ante diputadas y diputados, el secretario de la Contraloría, Juan José Serrano Mendoza, informó que existen 14 expedientes abiertos que involucran a diferentes dependencias locales.
  • Integrantes de las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y la de Administración Pública Local atendieron la comparecencia del funcionario. 

Durante la comparecencia del secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, ante las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y la de Administración Pública Local, las y los legisladores del Congreso de la CDMX, se refirieron a las acciones que emprenderán tras las denuncias de adjudicaciones directas hechas durante la crisis sanitaria por el COVID-19.

 

Aunque reconocieron la labor emprendida para erradicar la corrupción desde la dependencia, le solicitaron detalles de diversos expedientes relacionados con licitaciones que se encuentran en proceso y su opinión para fortalecer el sistema local anticorrupción local.

 

En respuesta a los cuestionamientos en materia de las 550 adjudicaciones directas, en la que se invirtieron 5 mil millones de pesos de diferentes dependencias durante la actual emergencia sanitaria, Juan José Serrano sostuvo que se trabajó de cerca con cada uno de los entes para darles acompañamiento de manera preventiva y no sancionatoria, y que derivado de dicha labor se tienen 14 expedientes de investigación.

 

“Retomamos actividades sobre temas de procedimientos de responsabilidad, y debo decir que tenemos 10 expedientes radicados sobre temas de investigación sobre compras relacionadas con el COVID-19 y son cuatro en la Secretaría de Salud, tres en la Secretaría del Medio Ambiente, una en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, y una en la Red de Transporte de Pasajeros, es decir, no suspendimos las actividades”, apuntó el funcionario.

 

En otro tema, explicó que la ciudadanía puede hacer uso de varias vías para hacer denuncias, entre las que destacó vía telefónica, por correo electrónico, un módulo presencial, el portal de Internet y la aplicación Denuncia Ciudadana CDMX, en las que se captan todos los reportes y que pese a la suspensión de términos por la crisis sanitaria han operado para recibir las denuncias a través de una forma legal y así se ha hecho, además de que prevén empoderar la denuncia ciudadana, a través del acercamiento con la ciudadanía, ya que para el gobierno es fundamental.

 

La capacitación es primordial

 

Al hablar del trabajo de los funcionarios de la Contraloría, recalcó que para ellos es primordial la capacitación, la orientación y sobre todo la unificación de criterios, de los 65 puntos de control. 

 

Más adelante, al dar respuesta de las denuncias vertidas en contra de funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo, Serrano Mendoza sostuvo que ya existen investigaciones en lo que respecta a La Empleadora; “hay un expediente con avance de 40 por ciento, está en puerta como diligencia la solicitud a Capital Humano y la comparecencia de nueve servidores públicos, mismas que se están desahogando; mientras que del programa Copacos hay un expediente abierto que lleva avance de 20 por ciento y que las diligencias están en curso”.

 

Al hablar del programa anual de auditorías, precisó que tras las suspensión de términos -el 20 de marzo- y que se están reajustando fechas para que se hagan de manera virtual sin exponer la salud de los funcionarios, “lamentablemente hemos tenido que postergarlo todo, sin que esto signifique que vaya a terminar el año y no se haga nada, de ninguna manera”, subrayó.

 

Habló de seis denuncias por venta de locales en un mercado en la demarcación Benito Juárez, expediente que lleva un avance de 80 por ciento; el sobreprecio en la flotilla de vehículos, donde ya existen dos personas sancionadas y del cambio del Presupuesto Participativo en una colonia de dicha demarcación, investigación que lleva un avance de avance de 90 por ciento.

 

Con relación a la planta de tratamiento de residuos sólidos y el Metro, sostuvo que son investigaciones que están en curso y por ello no es posible dar mayores detalles. 

 

Afirmó que se han dado pasos firmes en la construcción de una Contraloría que busca sumar a los diversos actores sociales en las actividades de prevención y denuncia de posibles actos de corrupción, sin que ello signifique trasladar la responsabilidad única de la denuncia, sino construir una idea de gobierno abierto y colaborativo para que no se defraude la confianza ciudadana ni se dejen de lado los derechos de las personas y, por supuesto, no se abuse de los recursos públicos. 

 

Agregó que la corrupción está a la búsqueda constante de espacios y ambigüedades en la normatividad, y por ello la importancia de estos mecanismos de transparencia, fiscalización y profesionalización para cerrar tales resquicios, por ello dijo, aplican controles internos estrictos enfocados en el carácter ético e integridad de las personas servidoras públicas.

 

Finalmente, afirmó que la Secretaría es un actor clave para defender y garantizar el derecho a la buena administración a través de los procesos de auditoría y fiscalización, que requiere no sólo de instituciones transparentes y con personas servidoras públicas profesionales, sensibles a los problemas públicos que enfrentamos, sino principalmente de la participación de la ciudadanía. 

 

Réplicas de diputadas y diputados

Durante la réplica, la diputada Alessandra Rojo de la Vega (PVEM) reconoció el trabajo emprendido contra la corrupción y manifestó su apoyo para sacar adelante la labor que realizan desde la dependencia local.

 

Mientras que el legislador Miguel Ángel Álvarez Melo, de la asociación parlamentaria Encuentro Social, aprovechó para preguntar si el programa de certificación que se ha realizado a los titulares de los órganos internos de control se extenderá al personal de las áreas de responsabilidades como de auditoría, y le solicitó respuestas respecto a los puntos de acuerdo aprobados por el pleno de Poder Legislativo.

 

En tanto, la diputada Jannete Guerrero Maya (PT) preguntó cómo califica la coordinación y participación con las alcaldías en la tramitación y sustanciación de los procedimientos que han desarrollado los órganos internos de control y que propuestas en el ámbito legislativo considera necesarias para fortalecer el sistema anticorrupción local.

 

A nombre del PRD, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, pidió información de dos licitaciones en proceso, la relativa a la contratación de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de los Residuos Sólidos, misma que realiza la Secretaría del Medio Ambiente, y que dio a conocer la lista de las empresas que calificaron a la segunda ronda, pero no dicen cuáles empresas incumplieron, por lo que consideró que “está viciado de origen”.

 

El legislador Gaviño se refirió también a la licitación que se encuentra en el STC-Metro por un monto de 38 mil millones de pesos, para la prestación de servicios a largo plazo, la modernización integral de la Línea 1, el suministro de 30 trenes y la modernización de 10 trenes más, de la que los participantes han hecho más de dos mil preguntas, “lo que es una situación inédita”. Además de pedir los avances que se tengan por la compra a sobre precio de los insumos en la pandemia por el COVID-19.   

 

En su oportunidad, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa (MORENA) calificó como un nuevo estilo de trabajo el presentar vídeos y evidencias de la forma de trabajar de alcaldes capitalinos, en respuesta a la denuncia del diputado Mauricio Tabe Echartea (PAN) quien presentó dos videos presuntamente en contra de funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo.

 

El congresista Ricardo Fuentes (MORENA) se refirió a una información publicada en la prensa que señala que sólo un cuarto de las observaciones económicas determinadas por la Contraloría en el último trimestre de 2019 han sido solventadas, y al respecto preguntó si el daño ha sido resarcido por el o los funcionarios públicos. 


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