• La ley propuesta por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, busca crear conciencia a través de la memoria y la búsqueda de la verdad. 

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30.05.23. El pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Culturales por el que se expide la Ley de Memoria de la Ciudad de México, promovida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En tribuna, la diputada Indalí Pardillo Cadena (MORENA) indicó que este dictamen responde a la lucha que durante décadas han sostenido las víctimas, familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, por parte del Estado Mexicano, específicamente desde el movimiento estudiantil de 1968.

Además, la nueva Ley de Memoria constituye una oportunidad para honrar la memoria de las víctimas fallecidas, desaparecidas y sobrevivientes de las represiones de las luchas sociales en la Ciudad de México.

En el mismo sentido, la legisladora, apuntó la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la memoria colectiva de la ciudad, garantizada en la Constitución Política local, en la cual se determina que toda persona tiene derecho a la memoria, así como al reconocimiento y preservación de su historia, a la verdad y la justicia por hechos del pasado.

El espíritu de la citada ley se refiere al mantenimiento de la paz, a partir de erradicar el miedo a la represión de la sociedad, la protección efectiva a la libertad de expresión y la vigencia del principio de no repetición, así como a la prevención de las violaciones graves a los derechos humanos.

El dictamen también propone instituir la figura de Sitios de Memoria, para los espacios donde, de manera lamentable, se efectuaron actos que violaron los derechos fundamentales de las personas en la capital.

Asimismo, se instaura el Centro de Documentación y de Investigación de la Memoria, a cargo de la Secretaría de Cultura, el cual reunirá, recuperará y reservará archivos y testimonios históricos, tanto físicos como orales, relativos a la violencia política de los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México, tanto en formato físico como digital.

De igual forma, realizará las gestiones necesarias para la recuperación de objetos de información vinculadas al objeto de la ley, así como para difundir y divulgar sus archivos y testimonios orales, y propiciar la investigación, contribuyendo a la educación.

La diputada Pardillo Cadena puntualizó que esta ley salvaguarda el derecho cultural a la preservación de la memoria histórica, “ya que preservar el pasado es fundamental para mantener y fortalecer la identidad cultural”. El conocimiento de la historia es fundamental, tanto para conocer hechos históricos, como para tener presentes hechos aborrecibles que deben ser evitados, aseguró.

La comisión dictaminadora consideró pertinente hacer algunas modificaciones a la propuesta original, como adicionar un artículo que determine la responsabilidad de las alcaldías de dar mantenimiento a los sitios de memoria en su ámbito territorial.

Al razonar su voto, la legisladora Marcela Fuente Castillo (MORENA) consideró que el dictamen presentado convierte a la Ciudad de México en el segundo lugar del mundo en donde el Estado velará, no sólo por la memoria histórica sino por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los actos de represión que los gobiernos emprendieron contra el pueblo.

Por su parte, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) destacó que la importancia de la Ley de Memoria capitalina recae en una doble dimensión, al actuar como reparación de las víctimas y sus familiares, evitando el olvido que se traduce en impunidad, y como garantía de no repetición, ya que promueve la creación de una conciencia o una memoria colectiva en aquellos países en periodos de justicia transicional. 

El diputado Federico Döring Casar (PAN) señaló que sólo una sociedad que conoce las páginas más negras de su historia, puede trabajar en redimirse construyendo nuevos valores sociológicos, a fin de tener mejores estadías y niveles de convivencia, y expresó su inconformidad en que sólo se condenen los crimines de Estado con criterios dolosamente partidistas de antes de 1997.

Al recordar episodios de 1968 y El Halconazo, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) insistió que, a través de la propuesta de la jefa de Gobierno, se asegura el respeto y se garantiza el derecho a la memoria porque todos esos hechos no deben repetirse, y que la ciudad necesita transformarse y apoyar a las familias que nunca encontraron respuestas.

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