Revisar problemas de desarrollo inmobiliario; talas ilegales y la reconstrucción de una escuela, temas abordados en el Congreso capitalino

  • Las alcaldías de Álvaro Obregón y Azcapotzalco deberán proporcionar información sobre tala innecesaria y desarrollo inmobiliario desmedido en estas demarcaciones

Por carecer de autorización de impacto ambiental, así como por incurrir en violaciones tanto en las obras de mitigación como en los permisos ambientales y de seguridad pública en una construcción en la alcaldía Álvaro Obregón, los diputados locales solicitaron información suficiente, oportuna y displicente.

El diputado Pablo Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, expuso en tribuna que en semanas recientes vecinos de la colonia San Gabriel en la alcaldía de Álvaro Obregón realizaron “denuncias sobre una supuesta tala desmedida, por lo que se realizó una clausura momentánea del predio y se hizo público que dicha construcción no contaba con la autorización de impacto ambiental para poder talar estos árboles”, dijo Montes de Oca.

Agregó que “la tala ilegal de arboles constituye un delito grave, por ello, vigilar y supervisar aquellas construcciones donde se puedan generar talas innecesarias o clandestinas es imperante para la calidad de vida de los habitantes de la capital”, al tiempo que destacó “posibles actos de corrupción por alguna instancia pública, ya que por el avance de la obra y la falta de permisos, la construcción no debió iniciarse la obra por incurrir en violaciones en las obras de mitigación y en los permisos ambientales y de seguridad pública”, sostuvo el diputado panista.

Ante ello, los legisladores de la Permanente aprobaron solicitar al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y a la titular de la alcaldía de Álvaro Obregón proporcionen información oportuna y displicencia de los permisos de construcción o de impacto ambiental ya que la obra, hasta el momento ha talado más de 90 árboles.

Azcapotzalco y el desmedido desarrollo inmobiliario

Por su parte, el diputado Emmanuel Vargas Bernal, de MORENA, denunció que debido al crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios que impactan directamente el espectro ambiental, de movilidad y de seguridad existe una gran preocupación de los pobladores de las colonias Santa Inés, Pasteros, Tierra Nueva, Nueva España, La Reynosa y todas las aledañas al pueblo de San Martín  Xochinahuac, en la demarcación de Azcapotzalco.

Afirmó que el descontento de los vecinos de dichas colonias es porque no se les ha informado de los proyectos  de las constructoras de las afectaciones que tendrán respecto al suministro de bienes y servicios básicos, y recalcó que “existe otro problema: el desplazamiento de la población originaria, que de acuerdo con la legislación en materia de desarrollo urbano, las autoridades deben considerar a la población de la zona al momento de modificar los programas, y en el caso del pueblo de San Martin Xochinahuac los habitantes no conocen cuándo se modificó el programa de la zona, ni qué tipo de obra está autorizada y cuál es el impacto que tendrá”, dijo en tribuna.

Por ello,  los legisladores del Congreso local solicitaron a la Seduvi y a la alcaldía de Azcapotzalco a que proporcionen información, en un plazo no mayor de 10 días naturales  sobre la publicitación vecinal, manifestación de construcción, tipo de proyecto, impacto ambiental, impacto vial, factibilidad de servicios hidráulicos y uso del suelo del predio en Centlapatl y a que detengan la obra hasta que se informe a los pobladores de los efectos  y el tipo de obra.

Rehabilitar una escuela en Iztapalapa, a más de dos años del sismo del 19 de Septiembre

En tanto, el congresista Miguel Ángel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, propuso un exhorto a la Comisión de Reconstrucción para que coordine y evalúe las acciones necesarias para llevar a cabo los trabajos de reparación y rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela secundaria diurna 198 “Luis Pasteur”, que a más de dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 sufrió una serie de daños, por lo que se suspendió, por motivos de seguridad el servicio educativo en esa escuela y cerrar de manera indefinida el inmueble.

Por esta razón, argumentó el legislador Álvarez Melo, “los alumnos han tenido que tomar clases en instalaciones fuera de su colegio, en salones de lamina y baños móviles, que constantemente se inundan provocando focos de infección, sin recibir educación pública, digna y en condiciones idóneas como lo dispone el artículo tercero constitucional”.