El Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX solicita al Poder Legislativo local 527.1 mdp para el ejercicio fiscal 2020

  • “Entre rentas y salarios, el Tribunal gasta 98 por ciento del presupuesto que nos otorgan. Sería invaluable el apoyo que nos dieran para la adquisición de un inmueble”: Magistrada Estela Fuentes Jiménez.
  • Propone a los congresistas establecer 0.25% del presupuesto general de la ciudad para ser ejercido en forma autónoma, y bajo la supervisión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
  • Realizaron cuestionamientos las diputadas Teresa Ramos, Leonor Gómez; y los legisladores Miguel Ángel Álvarez, Federico Döring, Eduardo Santillán, Jorge Gaviño, Diego Garrido y Carlos Castillo.

La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, magistrada Estela Fuentes Jiménez, participó en la mesa de trabajo con diputadas y diputados del Congreso capitalino, a quienes les ofreció detalles del gasto ejercido en el presente año, y les presentó la propuesta presupuestal para el ejercicio 2020, que asciende a 527 millones 111 mil 942 pesos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, propuesto por la Junta de Gobierno y Administración, y aprobado por el pleno general del órgano jurisdiccional, señala que 98.33 por ciento de las economías se destinarán a salarios y arrendamientos de los tres inmuebles que ocupa el órgano autónomo.

Ante legisladoras y legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo local, la magistrada Fuentes Jiménez recordó que para el ejercicio 2019, la institución solicitó 530 millones 685 mil pesos, pero se le autorizó una economía de 515 millones 46 mil 942 pesos; y el gasto equivale a 523 millones 778 mil 437 pesos. “El presupuesto, como se puede ver, ha sido insuficiente, por lo que me permito solicitar al Congreso de la Ciudad de México un presupuesto –para el ejercicio del año 2020- de 527 millones 111 mil 942 pesos”.

Detalló que 98.33 por ciento de las economías se concentran en dos rubros: 1000 y 3000, Servicios Personales –con 402 millones 278 mil 753 pesos- que representa 78.11 por ciento del total; Servicios Generales -104 millones 166 mil 746 pesos- que representa 20.22 por ciento.

Resaltó que en la actualidad el Tribunal de Justicia Administrativa no tiene un patrimonio propio, es decir, cada año paga arrendamientos de los tres edificios que ocupa. “Entre rentas y salarios se gasta 98 por ciento del presupuesto que nos otorgan; sería invaluable el apoyo que nos dieran para la adquisición de un inmueble”.

“Le pido al Congreso de la Ciudad de México tenga a bien destinar el presupuesto para la operación, pues ha sido insuficiente. Confiamos en tener los recursos y garantizar el cumplimiento de las atribuciones del órgano jurisdiccional, ya que el Tribunal trabaja de forma permanente en favor de la ciudadanía  como lo ha hecho desde hace 48 años”.

En su exposición, la magistrada propuso a los diputados: Se considere establecer 0.25% del presupuesto general de la ciudad, para ser ejercido en forma autónoma y bajo la supervisión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Lo anterior se deriva de que el presupuesto asignado al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México representa 0.22% del total de recursos asignados a la Ciudad de México.

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es un órgano jurisdiccional con autonomía administrativa y presupuestaria para emitir sus fallos, y forma parte del Sistema Local Anticorrupción.

La institución conoce de controversias entre la administración pública de la ciudad de México, las alcaldías, los órganos autónomos y los particulares. Con la nueva competencia, además, puede imponer sanciones a los servidores públicos y particulares.

Al referirse al trabajo que realiza el Tribunal, la magistrada comentó que en el año 2019, la Sala Ordinaria ha emitido 19 mil 157 sentencias; la Sala Superior ha emitido 10 mil 968.

Entre los actos Impugnados más frecuentes se encuentran: Multas de tránsito, predial, derechos por suministro de agua, clausuras de establecimientos mercantiles, uso de suelo y construcción, acción pública, lesividad, responsabilidad de servidores públicos, entre otros.

“En los últimos cinco años, ha aumentado 51 por ciento el número de asuntos presentados ante el Tribunal, esta cifra va al alza. Se ha realizado un esfuerzo para atender al servicio público, aún con la carga de trabajo que se presenta”, indicó.

A las diputadas y diputados les expuso que para el año 2020 se tiene contemplado fortalecer el capital humano con profesionalización y capacitación, impartir cuatro maestrías (en Justicia Administrativa, Sistema Anticorrupción, Derechos Humanos y Derecho de Amparo), diplomados, cursos especializados, talleres, entre otros.

Además de que se aumentará la infraestructura tecnológica para la implementación de actualización de Sistema Digital de Juicios, Expediente Digital, Sistema Contable Integrador, Interconexión de Sistemas Tecnológicos, Digitalización;

Cuestionamientos de las y los legisladores

En apego al formato para las mesas de trabajo, las y los congresistas realizaron cuestionamientos y comentaron inquietudes. Por la asociación parlamentaria Encuentro Social, el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo preguntó a la magistrada: “En su exposición solicita un porcentaje permanente en el orden de 0.25 por ciento para que sea el monto presupuestario anual para el Tribunal. Y también vemos que una parte importante de la economía se va en arrendamientos. ¿Si el órgano jurisdiccional lograra tener patrimonio propio, sería necesario fijar este tope permanente?”.

En su réplica, el legislador preguntó si hubo incremento en el número de plazas y cómo van las gestiones para obtener el inmueble, “esto para apoyarla, ya que se debe evitar destinar mucho presupuesto  para el arrendamiento”.

En su oportunidad, la diputada Teresa Ramos Arreola, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pidió conocer cuáles son las actividades y proyectos que contempla el Tribunal de Justicia Administrativa en favor de la profesionalización y actualización.

La diputada Leonor Gómez Otegui, del PT, quien felicitó a la servidora pública por la correcta ejecución del presupuesto 2019 y la proyección que tiene para 2020, “lo vemos congruente considerando que es poco el incremento”. Le preguntó sobre el porcentaje del presupuesto que se canalizará para impulsar la paridad de género, que es una política pública importante.

Por la fracción del PAN, el legislador Federico Döring Casar destacó “es encomiable el esfuerzo de austeridad del Tribunal; la pregunta es cómo va a comulgar en el día a día eso con las nuevas responsabilidades que tiene de instrumentación del Sistema Local Anticorrupción, porque tiene una carga adicional,  sería una información muy valiosa para poderla comparar con lo que hayan dejado de hacer otros organismos autónomos”.

El congresista Eduardo Santillán Pérez, de MORENA, reconoció la política de austeridad implementada en la Ciudad de México.

Su principal cuestionamiento fue en el sentido de la instalación –para el siguiente año- de los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos; “¿cuál será el impacto que tendrá en materia de competencia con el Tribunal?, ¿cuál es la opinión de usted en cuanto a que pueden llegar a duplicarse los mecanismos de defensa tanto en el ámbito administrativo como con esta figura de los Juzgados de Tutela?”.

Por el PRD, el diputado Jorge Gaviño Ambriz enfatizó “no podemos aceptar la propuesta, a pesar de que se apega a los criterios de gastar menos, de ahorrar recursos fiscales; no es adecuado porque es un Tribunal que ha ido evolucionando, es un Tribunal con más facultades y es necesario para la ciudad”.

Más adelante, el legislador Diego Garrido López, del PAN, destacó la cantidad de sentencias que emite la Sala Superior del Tribunal -36 por día-; así como la Sala ordinaria –más de 60 por día-.

En tanto, el diputado Carlos Castillo Pérez, de MORENA, preguntó si con la solicitud de presupuesto anual será suficiente para el buen funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa.

En su mensaje final, la magistrada Estela Fuentes Jiménez resaltó que no habrá aumento de plazas en el órgano, “no es posible tener nuevas plazas, porque no se tiene suficiente presupuesto; hemos trabajado con este número de plazas y estructura”.