• En el Congreso de la CDMX se presentó una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles capitalina

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08.09.26. Con la finalidad de eliminar la clausura inmediata de los establecimientos mercantiles, por irregularidades administrativas o no graves, el diputado Royfid Torres González propone modificar la ley en la materia, lo que permitiría generar un entorno comercial más equilibrado y predecible en la Ciudad de México.

 

En su Sesión Ordinaria de este martes, la Mesa Directiva del Congreso local dio a conocer la iniciativa del Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), para reformar diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles capitalina, en materia de régimen de clausuras.

 

En su iniciativa, el congresista señala que los establecimientos mercantiles deben contar con las autorizaciones y permisos correspondientes emitidos por las alcaldías, las cuales -en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)- están facultadas para ordenar y practicar visitas de verificación. Esto para constatar el cumplimiento de la normatividad vigente y asegurar que operen en condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

 

Precisa que actualmente cuando los establecimientos carecen de las autorizaciones y permisos, o no cumplen con la normatividad, las autoridades competentes se encuentran facultadas para imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas.

 

Éstas, agrega, se determinan de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la infracción, las cuales consisten en la clausura parcial, temporal o total, e incluso, en

supuestos más graves o de reincidencia, en la clausura permanente del establecimiento.

 

Derivado de ello, el emecista indica que su propuesta surge de la necesidad de reestructurar el marco normativo y transitar de un enfoque puramente punitivo hacia uno guiado por la proporcionalidad, la gradualidad y la razonabilidad, donde la sanción de clausura sea la última opción.

 

Torres González detalla que su propuesta consiste en reformar los artículos 70, 71 y 71 Bis de dicho ordenamiento, para eliminar la clausura automática e inmediata para irregularidades administrativas o no graves, como la falta inicial de programa de protección civil, seguro, enseres o modalidad de barra libre.

 

Además, amplía de 15 a 30 días hábiles el plazo para que los propietarios o responsables de los establecimientos mercantiles tengan la posibilidad de subsanar esas anomalías antes de que las autoridades ejecuten un cierre.

 

“Asimismo, redefine la clausura temporal o permanente reservándola de manera exclusiva para supuestos de riesgos inminente a la integridad de las personas, ocurrencia de siniestros o faltas graves reiteradas”, subraya.

 

En ese contexto, el legislador señala que, de aprobarse su propuesta, se busca impulsar la economía lícita y la preservación de los puestos de trabajo sin relajar la observancia de la ley.

 

“Por ello, resulta indispensable replantear el diseño normativo vigente a efecto de evitar la imposición automática de sanciones máximas ante infracciones subsanables, privilegiando en su lugar mecanismos que incentiven la regularización, la corrección oportuna y el cumplimiento progresivo de las obligaciones, garantizando así un equilibrio adecuado entre la función de vigilancia de las autoridades y la protección de la actividad económica lícita”.

 

La Mesa Directiva informó que la iniciativa sería turnada a la Comisión de Administración Pública Local, para su análisis y dictaminación.

 

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