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Exhortan a la Profeco a generar mecanismos con escuelas privadas para que no aumenten los costos de las colegiaturas

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Exhortan a la Profeco a generar mecanismos con escuelas privadas para que no aumenten los costos de las colegiaturas
  • “Es necesario que las instituciones de educación privada sean flexibles”: Diputada Valentina Batres, promovente del punto de acuerdo aprobado.
  • En comisiones unidas analizarán la propuesta para que alumnos de preescolar y nivel básico reciban una tableta electrónica. 

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México recibió propuestas de puntos de acuerdo encaminadas a garantizar el derecho a la educación. El primero –y que fue aprobado- para que las instituciones educativas privadas eviten, en la medida de lo posible, subir los costos de colegiaturas; dos más (turnados a comisiones para su análisis) para exhortar al Gobierno local a implementar acciones en favor de la educación básica.

 

Al presentar su propuesta de punto de acuerdo, la diputada Valentina Batres Guadarrama, de MORENA, señaló que para superar las repercusiones económicas derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, aunado a la falta de certeza respecto a la fecha de regreso a clases presenciales, es necesario que las instituciones de educación privada sean flexibles en los costos de los servicios que ofrecen y generen acuerdos de colaboración y concordia con las madres, padres y tutores, respecto a los mismos, tomando en cuenta los cambios económicos que ante esta nueva realidad enfrentan diversas familias.

 

Asimismo, hizo un llamado para tomar en cuenta los ahorros que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tendrán dichas instituciones al no tener clases presenciales, respecto al pago de luz y agua, entre otros.

 

El punto fue aprobado y exhorta al titular de la Profeco para que genere mecanismos que permitan a las escuelas privadas que presten servicios de educación básica y a las personas usuarias del servicio, acordar no aumentar los costos de las colegiaturas; realizar ajustes que les permitan conservar la matrícula, ya sea otorgando facilidades de pago u ofreciendo descuentos; así como evitar el cobro de servicios que no se presten con motivo de la pandemia originada por el COVID-19, como es el transporte escolar.

 

En tanto, la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, del PAN, habló a nombre de sus compañeros de bancada, diputados Mauricio Tabe y Pablo Montes de Oca; Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM, y Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del PRI. Señaló que aunque la enseñanza a distancia es una vía invaluable para hacer accesible la educación a la población en situaciones extraordinarias como la que vivimos, la carencia de un dispositivo móvil es una limitante para la población estudiantil.

 

Por lo anterior, propusieron exhortar a la Jefa de Gobierno y la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a implementar un programa de entrega gratuita de tabletas electrónicas a las y los alumnos que cursan la educación preescolar y la educación pública en el nivel básico. 

 

Además, implementar una estrategia de orientación, asesoramiento y capacitación a distancia, dirigida tanto a niñas, niños y adolescentes, como a madres, padres y tutores, para el aprovechamiento de las mismas con fines educativos, formativos y culturales y, finalmente reforzar las acciones para un mayor acceso y cobertura gratuita de internet, particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad social de la Ciudad de México.

 

Este punto de acuerdo fue turnado a las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Educación para su análisis y dictaminación. 

 

Otro de punto de acuerdo lo presentó la diputada Gabriela Salido Magos, del PAN, a través del cual se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías y dependencias de gobierno de la CDMX, a remitir información detallada, es decir, indicar metas físicas, avances, presupuesto, afectaciones al mismo, tipo de apoyo, criterio de selección de beneficiarios, población objetivo, todo esto relacionado con la operación de programas y acciones sociales implementados y que hayan derivado de la actual pandemia por COVID-19. Este asunto también fue turnado a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis. 


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