• Se reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna

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30.10.24. En su carácter de Constituyente Permanente, el Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura, aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal. 

La adición al artículo 105 establece que “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”; mientras que la reforma al artículo 107 dispone que “No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”. 

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Martha Avila precisó que durante la aprobación de esta minuta se cumplió con el deber constitucional, a través del libre debate y la libre manifestación de las ideas de todas las expresiones políticas representadas, “nos hemos conducido con pleno apego a nuestra normatividad, privilegiando la pluralidad democrática”, recalcó 

En contra de estas modificaciones, el diputado Omar Alejandro García Loria (PRI) expresó que representan una limitación a la capacidad de cuestionar y revisar los pactos sociales que nos rigen. Lamentó que esa discusión no respete los tiempos legislativos e hizo un llamado al gobierno federal y a todos los poderes públicos para recordar “que el control constitucional no es una amenaza” sino un recurso necesario para preservar la legitimidad y el equilibrio entre poderes. 

Al hablar a favor, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) afirmó que esta reforma tiene el propósito de dar certeza jurídica y estabilidad al máximo ordenamiento legal del país, permitir el ejercicio de la soberanía popular a través de sus representantes legítimamente electos y clarificar que el actual sistema constitucional no considera que una reforma constitucional es impugnable. 

La diputada Lizzette Salgado Viramontes (PAN) señaló que es importarse preguntarse por qué las reformas planteadas no pueden ser revisadas vía controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y juicio de amparo. Enfatizó que un poder reformador no puede estar por encima de la SCJN, pues ésta es parte de un poder constituido que preserva el orden constitucional y quitarlo altera un equilibrio básico de los poderes del Estado. 

El diputado Manuel Talayero Pariente (PVEM) consideró que esta reforma es vital para el sistema jurídico, al proteger los cambios que el Congreso de la Unión y los Congresos locales realicen a la Carta Magna en beneficio del pueblo mexicano, como representantes de la voluntad popular, sin permitir extralimitaciones del poder judicial en el ejercicio de sus facultades. 

La legisladora Patricia Urriza Arellano (MC) criticó a la mayoría legislativa “artificial” en el Congreso local y expresó que ésta no les da derecho a eliminar los mecanismos de defensa de la ciudadanía contra el poder. Dijo que esta reforma puede perjudicar a todos en el futuro, al buscar eliminar que la SCJN revise las reformas a la Constitución. 

En su intervención, el legislador Ernesto Villareal Cantú (PT) sostuvo que esta reforma es la ruta correcta para proteger el estado de derecho en México y restituir el carácter popular del régimen político, por lo que contribuye a fortalecer la división de poderes y la supremacía constitucional. 

Al razonar su voto, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) señaló que los mecanismos de defensa señalados no van a desaparecer y sostuvo que los partidos que están en contra de la reforma son los que han hecho un mal uso de estas herramientas jurídicas, generando controversias constitucionales que afectan a la ciudadanía; e indicó que se busca fortalecer los derechos humanos con la voluntad política que el gobierno ha demostrado al atender las necesidades del pueblo. 

El diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) se pronunció en contra de la reforma por considerar que atenta contra el estado de derecho y la independencia de los poderes, al restar facultades al sistema judicial como un mecanismo para impugnar y de defensa jurídica, como medios de control constitucional, además de ir en contra de los tratados internacionales. 

La congresista Brenda Ruiz Aguilar (MORENA) afirmó que estas reformas son “la firme manifestación de la voluntad popular”, con el objetivo claro de ofrecer certeza jurídica y evitar litigios que generen incertidumbre sobre la validez de la Constitución; y además se busca construir “el camino hacia una verdadera soberanía”. 

La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) llamó a la reflexión del pleno del Congreso de la Ciudad de México para revisar a fondo esta reforma constitucional, en tanto que criticó que no exista un voto razonado en favor de la democracia y los derechos humanos. 

El congresista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) indicó que con su renuncia los ministros están avalando la reforma al poder judicial, pues tendrán beneficios personales importantes que ya no existirán. Se refirió también a constituciones que excluían a personas y atentaban contra la libertad, explicó que las leyes evolucionan y en la Ciudad de México se han legislado leyes secundarias para fortalecer la supremacía de la Carta Magna, como se hace ahora. 

La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo (PAN) argumentó que esta reforma no sólo cambia la Constitución federal, sino que también arrebata al pueblo mexicano la posibilidad de defender sus derechos, proteger la libertad y mantener el equilibrio entre poderes, además de abonar a consolidar un poder absoluto sin límites. 

La legisladora Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA) negó que se esté atentando contra el estado de derecho, y señaló que el papel de realizar reformas, adiciones y abrogar las leyes le corresponde a las y los legisladores, por lo que no se debe permitir la injerencia de ningún otro poder como lo establece el Artículo 49 Constitucional, que se refiere a la división de poderes. 

Por su parte, la congresista Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (MC) se pronunció a favor de la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar una regresión histórica que elimine los pesos y contrapesos, los límites y equilibrios. 

Al sostener que con esta reforma se busca instaurar un gobierno sin contrapesos, destruir el estado de derecho y vulnerar la justicia, la congresista Tania Nanette Larios Pérez (PRI) enfatizó que su voto es en contra, pues se deja sin medios de defensa contra los abusos del poder a la ciudadanía, desconociendo tratados internacionales en materia de derechos humanos y el principio de progresividad; así como la disidencia institucional. 

El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) se expresó en contra de esta reforma al considerar que afecta a la Carta Magna al evitar la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad y desaparecer el amparo, como formas de control constitucional, además de contribuir a la concentración del poder. 

El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) recordó que no se debe olvidar “que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo”, y expresó que el poder reformador del pueblo es lo que se está viendo hoy, porque con esta reforma se perfeccionan los procesos constitucionales y se reivindican las reglas de control que han sido “sobrepasadas”. Asimismo, afirmó que con esta reforma se mantienen la acción de constitucionalidad y se mantienen la controversia constitucionalidad de acuerdo al Artículo 105 Constitucional.

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