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Académicos y especialistas analizan la iniciativa en materia de vivienda y arrendamiento

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Académicos y especialistas analizan la iniciativa en materia de vivienda y arrendamiento
  • Participan en el Foro legislativo Vivienda y arrendamiento en tiempos de COVID-19”, organizado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
  • Promotores del proyecto de reforma destacan que ésta no contraviene las disposiciones constitucionales y jurídicas establecidas en materia de vivienda y propiedad privada.
  • Indican que la propuesta busca garantizar el derecho humano a la vivienda y evitar los desalojos arbitrarios por falta de contratos de arrendamiento.

En el marco del espacio deliberativo Foro legislativo Vivienda y arrendamiento en tiempos de COVID-19, organizado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Carlos Escoffié, coordinador del centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, e integrante  del grupo redactor de la propuesta de reforma en materia de vivienda y arrendamiento, indicó que el objetivo de esta propuesta es garantizar el derecho humano a la vivienda.

“Ni la iniciativa, ni quienes la proponemos negamos el derecho del propietario de desalojar a quienes incumplan con los pagos o con los acuerdos de arrendamiento, pero existen abusos ante la falta de contratos de arrendamiento, por ello esta iniciativa busca prohibir la realización de desalojos a quienes no tengan un contrato por escrito, lo que buscamos es aplanar la curva de arrendamientos sin contratos y la falta de seguridad jurídica, buscamos acabar con un problema de ilegalidad”, aseguró.

Destacó que en la propuesta de reforma al Código Civil local se busca establecer un sistema integral de acompañamiento y atención –por parte de diversas instancias de gobierno- a las personas desalojadas, consideradas como grupos vulnerables.

En tanto, Lucino Rangel, abogado del Movimiento Urbano Popular y del grupo redactor del proyecto de reforma, aseguró que la iniciativa busca dar certeza jurídica al derecho a la vivienda ante la emergencia sanitaria. 

Detalló que lo que se busca con esta propuesta es “dotar de certeza al acto de arrendamiento mediante el establecimiento de un periodo de dos meses para el desalojo de los inmuebles; la asistencia a grupos vulnerables; que las autoridades  vigilen los procesos desalojo para evitar que se cometan arbitrariedades; que tengan asesoría jurídica y puedan acceder a refugios temporales para evitar una situación de calle”. 

Explicó: “Durante esta pandemia se han realizando desalojos arbitrarios, por ello llevamos a cabo mesas de trabajo interinstitucionales para dar a conocer las arbitrariedades que se están cometiendo. Las propuestas de reforma que emitimos no son anticonstitucionales, tienen la intención de buscar una equidad entre las partes involucradas, no privan de la propiedad al arrendador, únicamente buscan cumplir con la normatividad internacional establecida en la materia”, puntualizó.  

 

Notarios ofrecen trabajo colaborativo 

Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, aseguró que el tema de vivienda y arrendamiento es complejo que requiere ser solucionado mediante la participación de distintos actores sociales, políticos y de gobierno. “El Colegio de Notarios se suma y está dispuesto a entablar un trabajo colaborativo, a fin de aportar nuestros puntos de vista e ideas y buscar una solución consensada, equilibrada y que satisfaga el interés de todos los actores involucrados en este problema”.  

Al emitir algunas observaciones por parte del Colegio de Notarios local, Homero Díaz Rodríguez, Notario Público número 54, destacó la importancia de que no se confunda el derecho a la vivienda digna con el tema de arrendamientos, ya que éste es un contrato entre particulares. “El arrendamiento debe analizarse desde las dos partes involucradas, así como las condiciones socioeconómicas de esta relación contractual. El arrendamiento de vivienda no significa el cumplimiento del derecho humano a la vivienda”. 

Homero Díaz señaló que lo que se propone por parte de los Notarios Públicos es que, en caso de arrendamientos vigentes o vencidos, en donde el inquilino, a causa de le emergencia sanitaria, no pueda cumplir con el pago de la renta y se encuentre en un estado de vulnerabilidad por un desalojo que sería legal, éste siga las siguientes rutas: negociación a través del sistema de mediación que permita el cambio de las condiciones del contrato.

Además de establecer un pago de incentivos fiscales por parte de la administración pública a favor de los arrendadores, la creación de un seguro de pago de primas, con el que se garantice el pago del alquiler, que el inquilino pudiera garantizar el pago de la renta con el saldo de su subcuenta de vivienda, que la Administración Pública cree un programa de apoyos económicos a los inquilinos, y que el Congreso autorice la asignación presupuestal para la creación del fondo de apoyo a los inquilinos. 

“Consideramos que ya existen normas constitucionales, disposiciones jurídicas y leyes que regulan estas situaciones, las disposiciones legales ya rigen las reglas de los contratos. Por tanto se considera que lo que se debe hacer es el diseño de políticas públicas que permitan a la Administración Pública garantizar el derecho humano de acceso a una vivienda; y estas reformas podrían implicar normas injustas para una de las partes involucradas, y eso rompería el equilibrio de las normas establecidas. Nos parece justo evitar desalojos arbitrarios siempre y cuando se hagan mediante un equilibrio procesal”, concluyó. 

 

Relación entre particulares no es un derecho social

También, Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que “no está en duda que el derecho a la vivienda es un derecho universal y que debe garantizarse, sin embargo no debemos confundir la relación entre particulares con derechos sociales”. 

“Al hacer un análisis de la propuesta de reforma, las y los académicos de Derecho Civil de la UNAM consideramos que establecer un periodo de tres años para el arrendamiento de un inmueble contraviene con las disposiciones existentes. Y en materia de desalojos arbitrarios, estos ya se encuentran protegidos por la Constitución,  además de que no se establece quiénes solventarán los gastos para el acompañamiento integral que se busca establecer a las personas que sean desalojadas”, indicó. 

Señaló que esta iniciativa no coadyuva en resolver el problema de vivienda, al contrario, “lo agrava; lo que se debe buscar es proteger los arrendamientos de las personas de bajos recursos, ya que consideramos que si se aprueba en estos términos, se fomentaría de ilegalidad”. 

Agregó que “de las medidas a implementar podría ser facilitar las licencias de construcción para viviendas de interés social, que se otorguen créditos de vivienda, se emita un decreto con el que se den apoyos a las personas que rentan inmuebles de menos de 10 mil pesos; la condonación de impuestos por servicios de agua y predial a los arrendatarios, y que se haga uso de la herramienta de conciliación, en caso de que exista algún conflicto en un contrato de arrendamiento”. 

Finalmente, Flavio Galván Rivera, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó la importancia de que se clarifique el problema que se pretende resolver, “si es el problema generado por la pandemia entonces serían medidas a corto plazo, pero si es la situación permanente de arrendamiento, esto conlleva un mayor análisis”.

Enfatizó: “Es indispensable que se tenga claridad en que contraponer el derecho a la vivienda, con el derecho a la propiedad privada no se puede hacer, son derechos humanos independientes, y ambos ya reconocidos y protegidos en la Constitución y en las declaraciones universales de derechos humanos”.

También señaló que se debe tener claridad en qué tipo de arrendamiento se busca regular, pues no se le puede dar el mismo tratamiento a un arrendamiento de zonas de alta plusvalía como Polanco, Coyoacán, Pedregal o Santa Fe; a zonas de viviendas de interés social; “debemos expedir una normativa especial para vivienda de interés social. El problema es complejo y tenemos que sustanciarlo, debemos diferenciar los tipos de contratos, respetar las normas jurídicas ya establecidas, los derechos y deberes de ambas partes, no puede dejarse sin validez el principio de seguridad jurídica para ninguno de los involucrados”. 


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